La Fiscalía General de la Nación judicializó a José Luis Fernández Zabala por su presunta participación en un caso de extorsión agravada contra un comerciante en Puerto Gaitán, Meta. De acuerdo con la investigación, la víctima comenzó a recibir amenazas telefónicas a partir del 2 de febrero de 2024, en las que se le exigía el pago de altas sumas de dinero a cambio de no atentar contra su vida ni sus bienes.
Ante la presión, el comerciante terminó transfiriendo más de 43 millones de pesos a través de giros enviados a seis personas distintas, entre ellas Fernández Zabala.
Gracias a labores conjuntas de inteligencia, efectivos del Ejército Nacional y la Policía lograron dar con el paradero del procesado, quien fue capturado en zona rural del municipio de San Andrés de Cuerquia, en Antioquia, en cumplimiento de una orden judicial.
Durante la audiencia, un fiscal seccional le imputó el delito de extorsión agravada, el cual no fue aceptado por el señalado. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de domicilio mientras avanza el proceso judicial.
Las autoridades reiteraron su llamado a las víctimas de este tipo de delitos para que denuncien, garantizando reserva absoluta y acompañamiento institucional.