Arauca

Por obligación, Estado pide perdón a las víctimas de la masacre de Santo Domingo, Arauca

• 2017-08-31 08:25:46
• 2.245

Ahora que el Estado finalmente y a regañadientes le pide perdón a las víctimas de la masacre ocurrida por la Fuerza Aérea Colombiana en el centro poblado de Santo Domingo, Arauca, les traemos la crónica de un error que le costó la vida a 17 personas, entre ellas, 6 niños, más una veintena de heridos, pero que el Estado colombiano nunca quiso reconocer de buena gana.

12 de diciembre de 1998.

Horas de la tarde.

Unidades de las Fuerzas Militares en la base aérea de Palenquero, organizaron un operativo contra un grupo de las FARC, luego de conocer información que afirmaba que la guerrilla buscaba cargar una avioneta con narcóticos, cerca del centro poblado de Santo Domingo, en Arauca.

Y era verdad. Ese día, en horas de la tarde, alias 'Jerónimo Aljurez', integrante de las FARC había enviado a 380 guerrilleros a cubrir el aterrizaje de dos avionetas que iban a llevar droga y a su vez traían dinero y armas para el grupo criminal. Militares y guerrilleros se encontraron. Entonces empezó el tiroteo.

Los guerrilleros, en su retirada, asesinaron a 8 integrantes de las Fuerzas Militares y dejaron 15 más heridos. Para empeorar las cosas, ingresaron al poblado, violando el Derecho Internacional Humanitario al tener como finalidad camuflarse entre los civiles.

Pero las cosas no se iban a quedar así.

13 de diciembre de 1998.

7:00 de la mañana.

Los sobrevuelos de helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana y el avión Skymaster al servicio de la Occidental Petroleum Company, anunciaron la continuidad de los combates que se desarrollaban con la guerrilla FARC desde el día anterior, en cercanías del pequeño poblado. Eso mantenía asustada a la población.

Presagiando lo peor, decidieron continuar con el bazar que venían realizando desde el día anterior, para recoger fondos que ayudaran a la escuelita de Santo Domingo y que debía finalizar ese día, pero vestidos de blanco, o con trapos blancos encima. Era un intento desesperado de los civiles, por diferenciarse de los guerrilleros que insistían en permanecer mezclados con ellos, para evitar que las fuerzas militares les dispararan. Pero no fue suficiente.

10:02 de la mañana.

Desde la aeronave UH-1H, matrícula 4407, piloteada por el Teniente César Romero Pradilla, el copiloto Johan Jiménez Valencia y el técnico Héctor Mario Hernández, sin distinguir entre combatientes y población civil, lanzaron sobre Santo Domingo un artefacto explosivo tipo clúster (AN-M1A2), compuesto por seis bombas de fragmentación de 20 libras cada una.

“Estábamos parte de la comunidad reunidos en la carretera, cuando yo miré que el helicóptero lanzó unas cosas que parecían papeles, yo les dije a los que estábamos reunidos que el helicóptero nos había tirado papeles, pero nadie creyó que iba a caer ahí, por lo que estaban luchando en los alrededores del caserío. Y al momento los escuchamos que esas cosas venían ya, que silbaban encima de nosotros y no nos dio tiempo de correr, porque en el instante sentimos esa explosión terrible encima de nosotros, quedamos todos aturdidos y en el instante no se podía detallar nada, porque ahí donde estábamos estaba lleno de humo completamente.”

Sobreviviente de la masacre.

Los “papelitos” que alcanzó a ver la población desde tierra, correspondían a las seis bombas que se desprendieron del artefacto clúster. El lanzamiento del dispositivo, -prohibido por el derecho humanitario- causó la muerte a 17 personas, entre ellos 6 niños, y dejó heridas a 27 más, entre los que se encontraban 15 niños y niñas, causando adicionalmente daños en viviendas, locales y la única vía de la población.

Luego de la masacre, miembros de la Fuerza Aérea dispararon contra las personas que huían despavoridas del pueblo, con el fin de impedir que los sobrevivientes alcanzaran asistencia médica.

“Cuando estábamos sacando los muertos y los heridos, el helicóptero siguió ametrallando y nos siguió como dos kilómetros por la carretera arriba cuando iba toda la población saliendo del caserío”

Sobreviviente de la masacre.

Santo Domingo en pleno estaba dominado por la zozobra y el terror. En pocas horas, el poblado se convirtió en un pueblo fantasma, toda la población huyó, intentando salvaguardar sus vidas y auxiliar a los heridos. Se desplazaron hacia el corregimiento de Betoyes y los municipios de Tame y Saravena. Mientras tanto, las fuerzas militares saquearon a Santo Domingo. Después organizaron todo para echarle la culpa a las FARC de lo sucedido.

Año 2001.

No todos los que vivían en Santo Domingo quisieron regresar. El miedo y el dolor era demasiado fuerte como para volver a donde todo sucedió. Esas familias, que perdieron sus casas, trabajos y a sus seres queridos en la masacre, resolvieron quedarse en Betoyes, Tame, Saravena, Fortul y hasta en Arauca, para empezar de nuevo.

Pero otros pocos, a pesar de todo lo vivido, decidieron volver a sus casas de Santo Domingo. Pero no quisieron olvidar lo sufrido, así que ellos mismos, en una pequeña plazoleta de la vereda erigieron un monumento, para recordar a las víctimas que fueron masacradas a manos del Estado. Sus nombres se escribieron en mármol, para nunca olvidarlas. Pero no era el único recordatorio.

Sus casas continuaban tal y como las dejaron a la hora de morir o huir: destruidas, con los huecos que dejaron las balas, algunas de ellas todavía podían verse, así como las esquirlas de las bombas que segaron sus vidas o los condenaron a vivir lo que les quedaba de existencia, con cicatrices y daños irreparables.

Por esa misma época, quienes volvieron a Santo Domingo supieron de otro grupo armado que empezaba a ganar terreno en la zona: los paramilitares. Y ellos, conocedores de lo que les había pasado en el año 98, los amenazaron con depararles una muerte horrorosa si denunciaban la masacre, como tenían pensado los pobladores.

Otra vez el miedo, la zozobra y la incertidumbre. Y eso fue suficiente para que no se les ocurriera denunciar antes la masacre de Santo Domingo.

Año 2005.

José de Jesús Morales García, desmovilizado del frente 10 de las FARC, en medio de un proceso que buscaba rastrear los bienes de las FARC, reveló que, por un supuesto error estalló un carro bomba que estaba ubicado en el caserío Santo Domingo. Este sujeto, que obedecía órdenes del jefe guerrillero 'Grannobles', aseguró que los civiles muertos en el caserío fueron consecuencia de un carro bomba que se les estalló a las FARC.

“Era un camión viejo. Los guerrilleros decían que se cargó con Anfo. Fue puesto por alias 'Cara de Moneda' y la idea era atacar la entrada del Ejército, que estaba al borde del caserío. La explosión fue provocada por las ráfagas que soltó alias 'Fercho', con ametralladora M-60. Alias 'Jerónimo' dijo “La cagamos”. Yo pregunté por qué, y él me respondió: “Matamos a un poco de civiles”

Morales García.

“No es cierto, eso es lo que quiere el Estado que se crea, pero eso nos deja a nosotros en la impunidad, sin poder recibir una verdadera justicia porque fue el Estado el que hizo esto, no las FARC y queremos que ellos reconozcan lo que nos hicieron, que se haga justicia para con nosotros. Yo perdí buena parte de mi hombro y mi hermana quedó con seria heridas en las piernas”

Alba Yanet García, hoy profesora, tenía 17 años cuando pasó la masacre.

Año 2007.

El 16 de junio de 2007, la Fiscalía acusó a alias 'Grannobles' y a José Roselar Pérez, alias 'Robinson', como presuntos coautores de los delitos de rebelión, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y terrorismo. Como todo proceso legal en Colombia, este se caracterizó por su lentitud, y fue así como el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Arauca condenó a Germán Suárez Briceño, alias 'Grannobles' a una pena de 53 años y 17 meses de prisión (el 31 de enero de 2011) por la muerte de 9 uniformados y 16 lesionados más, así como por los daños causados en los helicópteros UH- 500 y otras dos aeronaves que participaban en los operativos.

Año 2009.

El 29 de septiembre de 2009, al capitán (r) César Romero, piloto y el teniente Johan Jiménez, copiloto, fueron condenados a 30 años de prisión por el homicidio de 17 personas y las lesiones de 21 más por estos hechos. Los dos integrantes de las Fuerzas Militares de Colombia se han declarado inocentes por estos hechos. También fueron vinculados al proceso el mayor Germán Lamilla y el coronel Sergio Garzón (FAC).

Una de las víctimas del combate que se dio en Santo Domingo, con el nombre de Alba Janeth García, interpuso una tutela pidiendo dejar sin efecto la condena a 'Grannobles', aduciendo que en este proceso no se le imputaron cargos por la muerte de los civiles.

Pero la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo de tutela que le concedió el Tribunal Superior de Arauca a García y afirmó que "es indiscutible" que la solicitud de protección constitucional presentada por esta mujer "está dirigida a socavar la firmeza de la sentencia que condenó a 'Grannobles'".

Además, señaló que las conductas que se le imputaron a 'Grannobles' no fueron solamente los homicidios de los militares sino también terrorismo, "cuyas víctimas están determinadas necesariamente en los lugareños del corregimiento de Santo Domingo", por lo que la condena fue ratificada por parte de la Corte Suprema de Justicia, última instancia del sistema penal colombiano.

Año 2011.

Entra en escena la CIDH…

La Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió la demanda de las víctimas, en la que se alega que a pesar de las decisiones judiciales y disciplinarias que reconocen la responsabilidad de los miembros de la Fuerza Aérea, la impunidad continúa cobijando la masacre de Santo Domingo. Si bien existen dos condenas por los hechos, las mismas no se han cumplido. Según la demanda, el Estado Colombiano, no tuvo la voluntad de investigar a fondo la responsabilidad por línea de mando de altos mandos militares, como tampoco, la participación y complicidad de empresas privadas y agentes de seguridad privados, en la comisión de la masacre.

Para empeorar las cosas, en septiembre del 2011, la Fiscalía cerró investigación contra los otros dos oficiales Sergio Andrés Garzón y Germán David Lamilla, como presuntos responsables de los hechos. En una decisión a todas luces inapropiada, la Fiscal General de la Nación y el Jefe de la UNDH y DIH, cambiaron la asignación del proceso penal y lo entregaron al Fiscal 22 de Derechos Humanos y DIH, quien el 2 de noviembre decretó la nulidad del cierre de la investigación y propició la libertad por vencimiento de términos a favor de los investigados.

Luego de escuchar a las partes, los jueces declararon responsable al Estado colombiano por no proteger efectivamente a las víctimas y aceptaron las conclusiones parciales de la justicia nacional, que condenó a dos pilotos de la Fuerza Aérea porque dispararon una bomba sobre el caserío.

…y Colombia se defiende fieramente.

El abogado y experto en Derecho Internacional Humanitario, Rafael Nieto Loaiza, quien representó al Estado en la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Santo Domingo, calificó la nueva condena contra el país de "contradictoria, llena de falencias y debilidades".

Nieto Loaiza, afirmó que las sentencias internas eran contradictorias, esto es, la que condenaba a alias 'Grannobles', integrante de las FARC y la de los pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana, y que ello había que exponerse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Eso obligaba a ponerlas en duda, y lo que sorprende es que la Corte solo dé por cierta la sentencia que condena a los pilotos" afirmó Loaiza.

La defensa del Estado colombiano argumentó que la Corte se arrogó competencias que los Estados firmantes del pacto de las Américas no le profirieron. Esto porque lo que se estaba juzgando era un tema que no hacía parte de los derechos humanos, sino del Derecho Internacional Humanitario, porque el caso de Santo Domingo fue un hecho del conflicto armado. La Corte desestimó en menos de una página la excepción por incompetencia, en razón de la materia que tiene.

Entonces la Defensa del Estado colombiano argumentó que existían unas contradicciones entre las decisiones penales de la jurisdicción interna en el caso, porque existía una sentencia en proceso de casación que condenaba a dos militares y otra de un tribunal de Arauca que condenaba a alias 'Grannobles', hermano de alias el 'Mono Jojoy' y jefe de las FARC en Arauca a finales de los 90, como responsable de la explosión de un carro bomba, que fue lo que mató a los civiles. Lo que demostraba que el Estado sí aceptaba que existía un problema en la administración de justicia. Pero tampoco prosperó el recurso.

El Estado colombiano como tercera medida de defensa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos aportó pruebas técnicas que soportaban el argumento de que la Fuerza Aérea nunca bombardeó a civiles. Y el resultado fue que apenas tenía un plazo total de 6 meses para pedir perdón públicamente a las víctimas, como parte de la reparación por la masacre de Santo Domingo.

Pero el plazo se cumplió y nada pasó.

Fue entonces cuando se suscitaron varias controversias al respecto, una de ellas fue la generada por el entonces presidente del Senado, Roy Barreras Montealegre, quien advirtió que existían ONGs interesadas en ganar dinero con falsas víctimas y falsos testigos.

Barreras afirmó que allí lo que hubo fue un atentado terrorista con un bus bomba por las FARC para causar muertos entre los soldados que llegaban a ese caserío.

Según Barreras jamás hubo ni la intención, ni la mala fe, ni mucho menos el dolo de unos oficiales que estaban cumpliendo órdenes; “unos pilotos sacrificados en el ejercicio de su deber y que fueron acusado de manera injusta de una masacre que fue más bien un atentado terrorista”, dijo.

Año 2017.

En enero de este año, la Corte Constitucional tomó una decisión a favor de una tutela interpuesta por Myriam Soreira Tulibila Macualo, madre de un menor que murió durante la masacre de Santo Domingo, y le ordenó al Estado que en dos meses realice un acto de perdón público para las víctimas de esa matanza.

Aunque la Corte ordenó hace cinco años “realizar dentro de los próximos seis meses un acto público de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso", según la tutela de Soreira, esta ceremonia no se ha realizado.

Ante el reclamo, el Ministerio de Relaciones exteriores aseguró que se debía desestimar la tutela porque el acto de perdón no se había podido realizar por falta de concertación con las víctimas, y el Ministerio de Defensa argumentó que en la justicia colombiana no hay ninguna condena en firme (hay un proceso en casación en la Corte Suprema de Justicia) contra miembros de la Fuerza Pública por esta masacre y que, al contrario, alias 'Grannobles', exjefe guerrillero, si había sido condenado por estos hechos, sentencia que ya no tiene recursos.

Al resolver esta tutela la Corte aseguró que en este proceso no se discutirá la responsabilidad del Estado por la masacre, "pues dicha conducta ya fue resuelta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

Así, lo que dice la Corte Constitucional es que en este caso se revisó el "cumplimiento de una orden que comporta una obligación de hacer, para lo que la misma decisión internacional previó un plazo sin que hasta la fecha se haya cumplido".

El alto tribunal también le recordó al Estado que las sentencias de la CIDH son "de obligatorio cumplimiento por el Estado, con fundamento en disposiciones del mismo Tratado".

Agregó que "desconocer la vinculatoriedad de sus decisiones condenatorias sería como reconocer que Colombia no está dispuesta al cumplimento de la Convención Americana de Derechos Humanos; el tratado internacional más importante de la región en la materia".

La Corte Constitucional asegura entonces que, para acatar la orden de la CIDH, es claro que "el Estado debe realizar un acto público en el que reconozca su responsabilidad por los hechos ocurridos en la denominada masacre de Santo Domingo, conforme los lineamientos de la sentencia de la Corte Interamericana".

Ese acto de perdón implica "reconocer que, según ese Tribunal, lo que causó la muerte de los pobladores de esa vereda fue el dispositivo cluster expulsado por una bomba de la Fuerza Aérea Colombiana".

Y aunque el Gobierno ha argumentado que el acto de perdón no se ha realizado porque no se ha llegado a un consenso con las víctimas, la Corte dice que en este caso no se trata de llegar a un acuerdo sobre qué es lo que se va a reconocer, "pues la Corte Interamericana ya fijó esos parámetros".

"De lo que se trata es de lograr acuerdos en relación con la forma en que se va a realizar dicho acto que, entre otras cosas, también fue definido por la misma instancia internacional", dice el fallo de tutela.

Llega la hora de la verdad.

Hoy jueves, 31 de agosto, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, presidirá en el centro poblado de Santo Domingo un acto de reconocimiento por la responsabilidad del Estado en la masacre de 1998, cumpliendo así, por fin, con lo ordenado por la CIDH.

El evento, programado para las 10:00, la misma hora de los hechos, contará con la presencia se varias entidades entre las que se destacan la Fundación Regional de Derechos Humanos Joel Sierra, la Asociación Minga, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Humanidad Vigente Corporación Jurídica. 

¿Será suficiente?

Las cosas no deberían quedar en un simple acto de pedir perdón, porque se ve claramente que el Estado lo hace porque se siente obligado a cumplir con las normas internacionales. El Ministerio de Defensa así lo reconoce al decir que les duele el “fallo injusto” y que lo acatan, más no está de acuerdo.

El hecho es que las FARC sí tuvieron igual grado de responsabilidad en la masacre, y ahora que se está en el cumplimiento de los acuerdos de paz, deberían de pedir perdón ellos también, explicar por qué pasaron así las cosas. Versiones diferentes de las ya dadas por dos desmovilizados, que no son para nada confiables.

Al menos, 18 años y 5 meses después, se logró que el Estado reconociera, así fuera a las malas, que se equivocó en haber atacado a la población civil, en su afán de eliminar a los guerrilleros de las FARC.

Ahora, debería ser el turno de las FARC de incluir a esta población en la reparación que debe hacerle al país, por todo el daño que hicieron a Colombia en más de 50 años de guerra.

• Etiquetas
• # Tame
• # 81794
• # arauca
• # santo
• # domingo
• # guerrilla
• # farc
• # ejercito
• # perdon