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  • Última actualización 2024-04-29 15:33:31
Alrededor de 7.000 colombianos podrían ser deportados o retornados de Venezuela, en la frontera oriente del país
Vichada

Posible deportación o retorno de 7.000 colombianos desde Venezuela genera alerta en Vichada y Guainía

La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta urgente solicitando al Gobierno nacional y a las autoridades departamentales en Vichada y Guainía que formulen y activen planes de contingencia ante la posible deportación o retorno de alrededor de 7.000 colombianos desde Venezuela.

Según información recopilada por la Defensoría del Pueblo, estos connacionales están trabajando en las minas de extracción aurífera en el Parque Nacional Cerro Yapacana, estado Amazonas del país vecino.

La preocupación radica en que estas personas están expuestas a la vulneración de derechos fundamentales como la integridad, la libertad, la seguridad y la vida. Comunidades indígenas, personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, mujeres, niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, advirtió sobre los peligros tanto para la población civil debido a posibles confrontaciones armadas en las áreas de explotación minera en el estado Amazonas, como para una expulsión masiva de colombianos que dependen de esta actividad en la zona sur de la Orinoquía venezolana. En caso de una deportación masiva, esto se convertiría en el mayor éxodo de las últimas décadas, teniendo a los departamentos de Vichada y Guainía como principales destinos receptores.

Los lugares de recepción propuestos, como los ríos Atabapo y Guainía, el resguardo El Paujil, la ciudad de Inírida y sus áreas no municipalizadas, no cuentan con las capacidades suficientes para afrontar una crisis humanitaria de esta magnitud. Además, sus habitantes ya se encuentran en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.

La Defensoría del Pueblo insta a la Cancillería colombiana a garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los connacionales que puedan ser detenidos durante los operativos en Yapacana. También hace un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores para establecer mecanismos de cooperación que aborden posibles vulneraciones de derechos en la población en movilidad humana en la frontera entre Guainía y el estado Amazonas de Venezuela, desde una perspectiva preventiva, de protección y humanitaria.

Asimismo, se solicita la apertura de los consulados en San Fernando de Atapabo y Puerto Ayacucho, así como del consulado de Venezuela en Inírida, con el fin de brindar asistencia y apoyo a los colombianos afectados.

La Defensoría del Pueblo continuará monitoreando la situación y trabajando en conjunto con las autoridades competentes para garantizar la protección de los derechos de los connacionales y abordar esta situación delicada en la frontera oriente del país.

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