Este 31 de diciembre de 2024 se cumplen 20 años de la trágica masacre de Puerto San Salvador, un doloroso episodio que marcó profundamente a la comunidad de Tame, Arauca, y que sigue resonando en la memoria del conflicto armado colombiano. En la noche de Año Nuevo de 2004, alrededor de 30 miembros de la Columna Móvil Alfonso Castellanos de las FARC irrumpieron en el caserío San Salvador, asesinando a 16 personas que celebraban la llegada del nuevo año.
La masacre dejó una profunda cicatriz en la comunidad, generando terror, desplazamiento y un sentimiento de impunidad que persiste hasta hoy. Este hecho se suma a una larga lista de actos violentos que han azotado a la región de Arauca, históricamente disputada por diferentes grupos armados debido a su riqueza en recursos naturales.
Un contexto de violencia y omisión
Tame ha sido un epicentro de la violencia en Arauca. Según datos de Rutas del Conflicto, en un período de cinco años se registraron 16 masacres que causaron el desplazamiento de miles de personas. La presencia de guerrillas como las FARC y el ELN, así como de grupos paramilitares, ha configurado una compleja dinámica de violencia que ha afectado gravemente a la población civil.
Un dato crucial, revelado por Rutas del Conflicto, es que días antes de la masacre, campesinos de veredas cercanas alertaron a la Defensoría del Pueblo sobre el temor de un ataque guerrillero tras el anuncio de la posible desmovilización del grupo paramilitar Vencedores de Arauca. Esta información sugiere una posible omisión por parte de las autoridades en la protección de la población civil.
La responsabilidad del Estado a debate
El informe de admisibilidad masacre de San Salvador, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aborda precisamente la responsabilidad del Estado en estos hechos. Si bien la masacre fue perpetrada por las FARC, el informe examina si el Estado colombiano tomó las medidas necesarias para prevenirla, especialmente teniendo en cuenta las alertas previas de la comunidad. Este informe abre un debate sobre la posible aquiescencia o negligencia del Estado frente a la inminente amenaza.
La reparación a las víctimas: un camino incompleto
El Estado colombiano ha implementado medidas de reparación para las víctimas de la masacre de Puerto San Salvador, incluyendo indemnizaciones económicas y atención psicosocial a través de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Sin embargo, la percepción de las víctimas sobre la integralidad de la reparación es diversa y muchos consideran que aún falta un largo camino por recorrer. La reparación judicial, aunque presente con condenas al Estado por fallas en la prevención, no ha llegado a todos los familiares de las víctimas.
El silencio de Comunes
A pesar de los avances en el proceso de paz y del surgimiento del partido Comunes tras la desmovilización de las FARC, la organización política no ha realizado un acto público específico de petición de perdón por la masacre de Puerto San Salvador, a diferencia de lo ocurrido con otros hechos como la masacre de Bojayá. Esta ausencia de reconocimiento explícito genera interrogantes y mantiene viva la herida entre las víctimas.
A 20 años: memoria, verdad y reparación, con la sombra de la omisión
En este vigésimo aniversario, es fundamental recordar a las víctimas de la masacre de Puerto San Salvador y reafirmar la necesidad de avanzar en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral. La memoria de estos hechos, ahora con el añadido de las alertas previas y el debate sobre la responsabilidad del Estado según el informe de la CIDH, debe servir como un llamado a la reflexión y a la construcción de una paz duradera en Colombia. Es crucial que se fortalezcan los esfuerzos para garantizar la no repetición de estos crímenes y para que las comunidades afectadas puedan reconstruir sus vidas y sus territorios.
Las Víctimas