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Arauca regulará el celular en los colegios: ¿Qué dice la evidencia sobre prohibirlo?
El Concejo Municipal aprobó el proyecto de acuerdo que busca regular el uso de celulares y otros dispositivos tecnológicos en las instituciones educativas. La medida no establece una prohibición general, pero sí abre la puerta a restricciones durante clases, descansos y actividades escolares. La experiencia internacional muestra que reducir las distracciones puede ayudar, aunque prohibir el teléfono no garantiza por sí solo mejores resultados académicos.
El Concejo Municipal de Arauca aprobó en plenaria el proyecto de acuerdo que establece lineamientos para regular el uso de celulares y otros dispositivos tecnológicos en las instituciones educativas oficiales y no oficiales del municipio.
La discusión, sin embargo, va mucho más allá de decidir si los estudiantes pueden o no llevar un teléfono al colegio. El debate toca asuntos como la concentración, el aprendizaje, el ciberacoso, la convivencia, la autonomía de los establecimientos educativos, la corresponsabilidad de las familias y, al mismo tiempo, la necesidad de preparar a niños y adolescentes para desenvolverse en un mundo cada vez más digital.
El proyecto aprobado no plantea una prohibición absoluta. Su objeto es establecer lineamientos para promover entornos seguros de aprendizaje y orientar la regulación del uso y la restricción de dispositivos móviles y tecnológicos durante la jornada escolar y las actividades extracurriculares.
La medida alcanza a instituciones oficiales y privadas, tanto urbanas como rurales, pero deja en manos de cada establecimiento, en ejercicio de su autonomía y con participación de la comunidad educativa, la definición de reglas específicas que deberán incorporarse a los manuales de convivencia.
No se trata solamente de celulares
El proyecto tampoco limita la discusión a los teléfonos. La definición de dispositivo móvil y tecnología de uso personal incluye tabletas, computadores portátiles, gafas y relojes inteligentes, entre otros equipos.
La regla general que plantea el acuerdo es diferenciar el uso pedagógico autorizado de aquellos usos que interfieran con la concentración, el proceso educativo, la convivencia, la seguridad o los derechos de los integrantes de la comunidad educativa.
Por eso, un profesor podría autorizar el celular para una actividad académica, mientras que el mismo dispositivo podría estar restringido durante una clase en la que no sea necesario.
El proyecto contempla además excepciones para actividades pedagógicas, necesidades relacionadas con discapacidad o condiciones de salud y situaciones de emergencia o de comunicación familiar que lo justifiquen. También propone que las instituciones establezcan canales institucionales de comunicación con las familias para atender situaciones urgentes.
Es decir, la pregunta no será simplemente “¿se puede usar el celular?”, sino “¿cuándo, para qué y bajo qué condiciones?”.
La discusión ya no es solamente local
La preocupación planteada en Arauca hace parte de una tendencia internacional.
La UNESCO reportó en marzo de 2026 que 114 sistemas educativos ya contaban con una prohibición nacional del uso de teléfonos móviles en las escuelas, equivalente al 58 % de los países analizados. La cifra había aumentado desde 60 sistemas a finales de 2023 y 79 a finales de 2024.
Francia es uno de los casos más conocidos. Desde 2018 prohibió el uso de teléfonos en escuelas y colegios y estableció excepciones para usos pedagógicos específicos y situaciones relacionadas con discapacidad o salud.
Y desde el inicio del año escolar 2026, la prohibición se extendió también a los liceos franceses, de manera que el Gobierno de ese país busca una escolaridad sin teléfono desde la primaria hasta el bachillerato. La política incluye, además, formación para un uso razonado de la tecnología y acompañamiento a las familias.
Pero hay una precisión importante frente a una de las afirmaciones realizadas durante el debate del Concejo de Arauca.
El concejal Mario Useche sostuvo que Francia había avanzado hacia la prohibición de las redes sociales para menores de 15 años. Esa afirmación correspondía a una iniciativa que efectivamente fue aprobada por el Parlamento francés, pero el Consejo Constitucional la anuló el 14 de agosto de 2026, por considerar inconstitucional la disposición que impedía el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales.
La experiencia francesa, por tanto, muestra dos cosas distintas: una política de restricción del celular en los colegios que está vigente y una prohibición de redes sociales para menores que, por ahora, no logró superar el control constitucional.
España también ha avanzado en esta dirección, aunque con un modelo menos uniforme. En 2024, el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas acordaron avanzar hacia un marco común que planteaba uso cero del móvil en Infantil y Primaria y utilización únicamente con fines pedagógicos cuando el docente lo considerara necesario en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, con excepciones.
¿Pero prohibir el celular mejora las notas?
Aquí la respuesta es bastante más compleja.
Los datos de PISA 2022 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que la distracción digital sí constituye un problema relevante.
En promedio, cerca del 30 % de los estudiantes de los países de la OCDE afirmó que se distraía utilizando dispositivos digitales en la mayoría o en todas las clases de matemáticas. Otro 25 % dijo distraerse por otros estudiantes que utilizaban esos dispositivos.
Y existe una asociación importante con el desempeño: los estudiantes que dijeron distraerse en la mayoría o en todas las clases de matemáticas obtuvieron, en promedio, 15 puntos menos en esa prueba que quienes casi nunca experimentaban esa distracción, incluso después de considerar factores socioeconómicos.
Pero hay que tener cuidado con la interpretación.
Ese dato no significa que el celular sea responsable de perder 15 puntos, ni demuestra que quitar el teléfono vaya automáticamente a producir una mejora equivalente.
Lo que muestra es una asociación entre un clima de mayor distracción digital y un menor desempeño.
¿Y qué pasa en Colombia?
La discusión adquiere todavía más relevancia cuando se miran los datos nacionales.
En PISA 2022, el 30 % de los estudiantes colombianos reportó distraerse utilizando dispositivos digitales durante las clases de matemáticas, mientras que el 27 % afirmó distraerse por otros estudiantes que los utilizaban. Ambos porcentajes están muy cerca de los promedios de la OCDE.
Pero Colombia también ofrece otro dato que complica el debate: el uso educativo de la tecnología no necesariamente es negativo.
El 61 % de los estudiantes colombianos reportó utilizar herramientas digitales para aprender durante una hora o más al día en el colegio. La OCDE señala que este tipo de uso está asociado de manera positiva, aunque moderada, con determinados resultados educativos. En cambio, el uso de dispositivos para actividades de ocio durante la jornada escolar presenta asociaciones negativas cuando aumenta.
En otras palabras: el problema no parece ser simplemente la existencia de tecnología, sino qué se hace con ella.
La propia OCDE encontró que los estudiantes que utilizaban dispositivos digitales para actividades de aprendizaje durante hasta una hora diaria obtenían, en promedio, mejores resultados en matemáticas que quienes no los utilizaban para ese propósito.
La UNESCO llega a una conclusión similar: la tecnología puede aportar a la educación, pero su valor depende de cómo se utiliza. El organismo advierte, además, que todavía existe poca evidencia robusta sobre el valor agregado de muchas tecnologías educativas.
La experiencia de Arauca coincide con una parte de la evidencia
Durante el debate, el secretario de Educación, Cultura, Deporte y Recreación de Arauca, Aquilino Escobar, habló desde su experiencia como docente.
Contó que en una institución educativa había utilizado celulares como herramientas pedagógicas para trabajar distintas asignaturas. Incluso relató experiencias en las que los estudiantes utilizaban el teléfono para grabarse, preparar exposiciones y fortalecer habilidades comunicativas.
Pero también describió el problema que aparecía cuando el dispositivo dejaba de ser una herramienta pedagógica y se convertía en una distracción.
Durante evaluaciones, por ejemplo, relató casos de estudiantes que aprovechaban el teléfono para tomar fotografías, crear memes o participar en grupos de WhatsApp en los que se presentaban situaciones de burla y ciberacoso.
Su conclusión fue precisamente la que plantea el proyecto: no eliminar la tecnología del aula, sino utilizarla cuando tenga una finalidad pedagógica y restringirla cuando interfiera con el aprendizaje.
El secretario también planteó la necesidad de crear canales institucionales para que los padres puedan comunicarse con los colegios durante la jornada escolar, en lugar de depender permanentemente del teléfono del estudiante.
Una advertencia desde Inglaterra
Aquí aparece uno de los estudios que más debería interesar a Arauca porque obliga a mirar la otra cara del debate.
Una investigación publicada en 2025 en The Lancet Regional Health – Europe comparó a 1.227 adolescentes de 12 a 15 años pertenecientes a 30 colegios de Inglaterra. En 20 instituciones existían políticas restrictivas y en 10 el uso recreativo del teléfono era permitido bajo determinadas condiciones.
Los colegios con restricciones consiguieron, como era previsible, reducir el uso de teléfonos durante la jornada escolar. Pero el estudio no encontró evidencia de que esas políticas, por sí solas, produjeran mejores resultados de bienestar mental, ansiedad, depresión, sueño, actividad física o rendimiento educativo.
Los investigadores encontraron además que los estudiantes utilizaban menos el teléfono durante el horario escolar, pero compensaban parte de ese tiempo fuera del colegio.
La conclusión es importante para Arauca: quitar el teléfono del aula no equivale necesariamente a resolver el problema del teléfono.
La política escolar puede reducir una fuente concreta de distracción, pero no reemplaza la educación digital, el acompañamiento familiar ni la necesidad de enseñar a los jóvenes a relacionarse con la tecnología.
La oposición planteó precisamente ese punto
El concejal Nicolás Cruz fue el único que votó negativamente al proyecto y cuestionó que se atribuya demasiado peso al celular como explicación del rendimiento académico.
Puso como ejemplo instituciones de Arauca y otros municipios que tienen buenos resultados académicos sin aplicar políticas de restricción, y recordó que en el rendimiento de los estudiantes también intervienen factores como las condiciones socioeconómicas, la alimentación, el transporte, la atención personalizada y el entorno familiar.
Su segunda objeción fue la participación de los estudiantes.
Cruz sostuvo que los jóvenes debieron tener un papel más amplio en la discusión y propuso que antes de adoptar una regulación definitiva se realizaran mesas de trabajo con estudiantes, Secretaría de Educación Departamental y responsables de las tecnologías de la información para estudiar alternativas como controles sobre las redes Wi-Fi de los colegios.
Su planteamiento no fue contrario al uso regulado de la tecnología. De hecho, defendió que los colegios puedan permitir el acceso a plataformas educativas y bloquear páginas destinadas al ocio durante determinadas actividades.
La ley nacional ya permite restringir el celular
El proyecto de Arauca tampoco nace en un vacío jurídico.
La Ley 2170 de 2021 estableció que los establecimientos educativos deben crear mecanismos para garantizar el uso adecuado de los dispositivos móviles y que estos faciliten procesos de aprendizaje, participación y protección de niños, niñas y adolescentes.
La misma norma establece que, de manera excepcional y con el aval de las instancias correspondientes, puede restringirse el uso de teléfonos en determinados horarios o lugares cuando sea necesario para proteger los derechos de los estudiantes.
A este marco se sumó la Ley 2489 de 2025, orientada a crear entornos digitales sanos y seguros para niños, niñas y adolescentes, y el Decreto 0769 de 2026, que reglamentó esa legislación y reforzó la responsabilidad compartida entre Estado, instituciones educativas, familias y actores tecnológicos.
Además, la Directiva 01 del Ministerio de Educación, expedida el 5 de marzo de 2026, establece que las instituciones deben adoptar políticas claras sobre el uso responsable de las TIC, incorporar rutas para prevenir y atender riesgos como el ciberacoso y trabajar con las familias.
Por eso, el acuerdo municipal de Arauca no crea desde cero la discusión. La aterriza al ámbito territorial.
Y ahí estará el verdadero reto
El proyecto aprobado ordena una ruta que puede resultar más importante que la propia restricción: que cada institución revise y actualice su manual de convivencia, defina cuándo se permite el uso pedagógico, establezca las restricciones que correspondan y socialice las reglas con la comunidad educativa.
También incorpora la corresponsabilidad de las familias.
Esto es fundamental porque el celular no desaparece cuando termina la jornada escolar. Un estudiante puede pasar seis o siete horas sin utilizarlo en el colegio y recuperar ese tiempo en la tarde o durante la noche.
El propio proyecto reconoce esa realidad y plantea acciones de orientación para padres, madres y cuidadores sobre el uso seguro y responsable de la tecnología.
La regulación, entonces, tendrá que responder varias preguntas que todavía están abiertas: ¿cómo se aplicará en cada colegio?, ¿quién custodiará los teléfonos?, ¿qué ocurrirá durante los descansos?, ¿cómo se manejarán las emergencias?, ¿qué pasará con estudiantes que necesiten el dispositivo por razones médicas?, ¿cómo se garantizará el uso pedagógico?, ¿cómo se medirá si la medida realmente funciona?
Y hay una pregunta adicional que planteó la oposición y que puede ser determinante: ¿cómo se evaluará el resultado?
El concejal Jhony Epia propuso precisamente que el impacto de la medida sea evaluado después de su implementación.
Esa evaluación debería ir más allá de contar cuántos celulares fueron retenidos.
Arauca podría medir, por ejemplo, cambios en la convivencia escolar, reportes de ciberacoso, participación en clase, percepción de docentes y estudiantes, asistencia, rendimiento académico y cumplimiento de las reglas.
Porque si dentro de uno o dos años hay menos teléfonos sobre los pupitres, pero las dificultades de aprendizaje permanecen iguales, la conclusión no debería ser que la medida fracasó necesariamente. Podría significar que la restricción era apenas una parte de una solución que necesitaba más componentes.
El debate apenas comienza
El Concejo de Arauca aprobó una regulación que responde a un problema real: la distracción digital existe y la evidencia internacional muestra que los teléfonos pueden interferir con la atención cuando se utilizan con fines ajenos al aprendizaje.
Pero la misma evidencia advierte contra una conclusión demasiado sencilla.
La tecnología también puede ser una herramienta educativa. Y los estudios más recientes no permiten afirmar que prohibir los celulares, por sí solo, vaya a mejorar las calificaciones o la salud mental de los estudiantes.
La discusión, por tanto, no debería reducirse a celular sí o celular no.
La pregunta que queda para Arauca es más difícil y, quizá por eso, más importante:
¿Cómo enseñar a una generación que nació rodeada de pantallas a utilizar la tecnología como herramienta sin permitir que la tecnología termine utilizando a sus usuarios?
El acuerdo ya fue aprobado. Ahora comienza la parte verdaderamente compleja: convertir una decisión política en una política educativa que funcione en las aulas, respete los derechos de los estudiantes, involucre a las familias y permita comprobar, con datos, si realmente mejora el entorno de aprendizaje.
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