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- Última actualización 11:41 AM
Orinoquia: El gran sueño agroindustrial que el Gobierno tendrá que convertir en realidad
De la Espriella quiere convertir los Llanos en el “Mato Grosso colombiano”, mientras su ministro de Agricultura prepara un marco especial para movilizar más de $8 billones. Pero la región lleva décadas esperando que se resuelvan los mismos problemas: tierra, vías, logística, productividad y seguridad jurídica.
La visita que Abelardo de la Espriella hizo a Vichada a finales de julio dejó algo más que fotografías con ganaderos y empresarios del campo. El entonces presidente electo —hoy mandatario— mostró allí una de las apuestas económicas que pretende convertir en sello de su Gobierno: hacer de la Orinoquía uno de los grandes motores agropecuarios de Colombia.
Durante el recorrido por proyectos agrícolas y ganaderos, De la Espriella habló de una “revolución agroindustrial” y planteó la posibilidad de convertir los Llanos en una especie de Mato Grosso colombiano, tomando como referencia el salto productivo que experimentó ese estado brasileño.
La idea no parte de cero. En la Orinoquía ya existen grandes proyectos empresariales que llevan años intentando demostrar que la región puede producir a escala. Lo nuevo es que el Gobierno quiere convertir esas experiencias aisladas en una política nacional.
El primer paso ya fue anunciado.
El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, informó que el Gobierno presentará un marco normativo especial para la Orinoquía y la Altillanura, con la expectativa de movilizar más de $8 billones de inversión, especialmente en cadenas de maíz y soya. La primera meta planteada es desarrollar 400.000 hectáreas.
La pregunta ahora es si Colombia está preparada para hacer realidad esa promesa.
La Orinoquia ya tiene quién le crea
Mucho antes de que el actual Gobierno hablara de una “revolución agroindustrial”, grandes empresarios ya habían puesto sus ojos sobre la región.
Uno de los casos más consolidados es Agropecuaria Aliar-La Fazenda, que construyó en la Altillanura un modelo integrado que va desde la producción de maíz y soya hasta la alimentación de cerdos, el procesamiento y la comercialización de carne.
La empresa cerró 2025 con ingresos operacionales cercanos a $1,07 billones y realizó inversiones por $72.008 millones.
El Grupo Bios mantiene una participación del 40 % en Aliar, según información corporativa y empresarial.
El Grupo de Luis Carlos Sarmiento también lleva décadas desarrollando negocios agroindustriales en el Meta. Corficolombiana reporta actualmente inversiones en caucho, palma y otras actividades agrícolas a través de Mavalle, Organización Pajonales y Unipalma. En 2024, estas compañías cultivaron cerca de 18.000 hectáreas en conjunto.
En Vichada, otro ejemplo es Hacienda San José, en La Primavera. El proyecto, liderado por el empresario y exbanquero Gabriel Jaramillo, desarrolló un modelo de ganadería especializada en Nelore de ciclo corto, con investigación genética, manejo de pasturas y prácticas orientadas a reducir la huella ambiental.
A estos casos se suma la presencia del grupo brasileño Scheffer, que llegó a la Orinoquía en 2019 y desarrolla cultivos de soya y maíz en unas 7.000 hectáreas en Vichada, aplicando conocimientos adquiridos durante décadas de producción agrícola en Mato Grosso.
Incluso el Grupo Santo Domingo intentó desarrollar una gran operación de soya y maíz en la zona. Pero aquella experiencia terminó siendo también una advertencia: problemas relacionados con la propiedad y la seguridad jurídica de la tierra llevaron a suspender las operaciones agroindustriales de Sugranel.
Es decir, la historia de la Orinoquia no es la de una región que nadie ha querido desarrollar. Es la de una región donde varios inversionistas han intentado hacerlo y se han encontrado con obstáculos estructurales.
¿Qué tiene realmente la Orinoquia?
El potencial no es un invento político.
Vichada, por ejemplo, tiene alrededor de 3,6 millones de hectáreas con capacidad para actividades agropecuarias, de acuerdo con información de AGROSAVIA y FAO basada en datos del IGAC. El departamento, además, tiene una extensa oferta hídrica y condiciones climáticas que permiten pensar en diferentes sistemas agrícolas y pecuarios.
Pero hay una precisión fundamental: potencial no significa productividad inmediata.
Los suelos de buena parte de la Altillanura presentan condiciones que requieren manejo especializado. AGROSAVIA señala que predominan suelos Oxisoles con problemas de acidez y baja fertilidad química, por lo que su incorporación productiva depende de prácticas de acondicionamiento, conservación y manejo adecuado.
La región, por tanto, no puede desarrollarse simplemente llevando maquinaria y sembrando millones de hectáreas.
Necesita ciencia, fertilización adecuada, manejo del agua, genética, tecnología, almacenamiento y cadenas de transformación.
Y necesita algo todavía más básico: poder sacar la producción.
El cuello de botella que no se resuelve con una ley
La geografía es una de las grandes ventajas y, al mismo tiempo, uno de los principales desafíos.
El CONPES sobre desarrollo de la Altillanura ya advertía hace más de una década que la conectividad con los mercados nacionales e internacionales estaba limitada por la infraestructura vial y por las restricciones de navegabilidad del río Meta.
Ese problema no desaparece porque exista seguridad jurídica sobre la tierra.
Una hectárea puede estar perfectamente titulada y ser productiva, pero si transportar una tonelada de maíz hasta un centro de transformación o un puerto cuesta demasiado, pierde competitividad frente a productores de otras regiones o países.
Aquí aparece una de las lecciones más importantes de Mato Grosso.
El verdadero espejo brasileño
Mato Grosso sí demuestra que una región distante de los grandes centros urbanos puede convertirse en potencia agrícola.
En 2024, el estado produjo alrededor de 39,1 millones de toneladas de soya, equivalentes al 27 % de la producción brasileña de ese cultivo. Ese mismo año, sus exportaciones alcanzaron aproximadamente US$27.600 millones, con soya, maíz, algodón y carnes entre los principales productos.
Pero incluso Mato Grosso enfrenta un problema que Colombia debería mirar con atención: la logística.
El estado brasileño está muy lejos de los puertos y durante años ha tenido que invertir en carreteras, ferrocarriles, terminales de transbordo y rutas fluviales para reducir los costos de transportar sus cosechas. Estudios sobre el sistema de transporte de soya muestran que la combinación de carretera con ferrocarril y vías fluviales es fundamental para mejorar la competitividad.
Por eso, copiar a Mato Grosso no significa solamente copiar sus cultivos.
Significa construir la infraestructura que permite que esos cultivos sean competitivos.
La otra lección: producir sin repetir los errores
Hay otra diferencia que Colombia debería tener presente.
El éxito agrícola de Mato Grosso también ha estado acompañado por fuertes presiones ambientales. Una investigación publicada en 2026 encontró una relación entre el aumento de las ganancias de los cultivos de soya y maíz, la valorización de la tierra y mayores tasas de deforestación en zonas amazónicas del estado.
Por eso, si la Orinoquía va a convertirse en una nueva frontera agroindustrial, la discusión no puede limitarse a cuántas hectáreas serán sembradas.
También tendrá que responder qué áreas pueden transformarse, cuáles deben conservarse y cómo se evitará que la expansión productiva termine afectando bosques, sabanas, humedales y corredores ecológicos.
La propia experiencia de Vichada muestra que producción y conservación no necesariamente tienen que ser enemigos. Hacienda San José, por ejemplo, ha desarrollado un modelo ganadero que incorpora genética, eficiencia productiva y objetivos de reducción de emisiones.
El problema de la tierra vuelve al centro
El anuncio del Gobierno sobre un marco regulatorio especial tiene, entonces, una razón de fondo.
La discusión sobre la propiedad de la tierra en la Altillanura lleva décadas.
La experiencia de proyectos como el de Santo Domingo demostró que la incertidumbre jurídica puede frenar inversiones incluso cuando existe capital dispuesto a entrar.
Pero también existe otra cara del problema: la tierra rural no es únicamente un activo para grandes proyectos empresariales.
La Corte Constitucional ha señalado que los baldíos de la Nación tienen una función relacionada con el acceso progresivo a la propiedad rural de los campesinos y ha reconocido la importancia de garantizar seguridad jurídica a quienes ocupan y trabajan la tierra dentro del marco legal.
La Ley Zidres intentó precisamente crear mecanismos para impulsar proyectos productivos en zonas aisladas, con dificultades de infraestructura y altos costos de adecuación, como la Altillanura. Sin embargo, el debate constitucional dejó claro que el régimen de baldíos y el acceso campesino a la tierra siguen siendo asuntos centrales.
Por eso, el nuevo marco regulatorio que prepara el Gobierno tendrá que resolver una ecuación delicada: atraer inversión sin convertir la seguridad jurídica en una puerta para nuevas disputas por la tierra.
El verdadero reto de Dangond
El entusiasmo presidencial tiene un escenario real sobre el cual trabajar.
Hay empresarios que ya demostraron que se puede producir. Hay investigación científica acumulada. Hay tierras con potencial. Hay mercados para los alimentos. Hay experiencias de ganadería, agricultura, caucho, palma, biomasa y transformación agroindustrial.
Lo que todavía no existe a la escala necesaria es un ecosistema completo que conecte tierra segura, infraestructura, crédito, asistencia técnica, transformación industrial, logística y mercados.
El ministro Dangond ya puso una cifra sobre la mesa: $8 billones de inversión y 400.000 hectáreas como primera meta.
Ahora viene la parte difícil.
El Gobierno tendrá que convertir el anuncio en una política que sobreviva al período presidencial, consiga recursos públicos y privados, resuelva los problemas de infraestructura y seguridad jurídica y, al mismo tiempo, proteja los ecosistemas y garantice que el desarrollo también llegue a los productores locales.
La Orinoquía no necesita que le descubran nuevamente su potencial.
Necesita que el Estado consiga, por fin, crear las condiciones para que ese potencial sea rentable, sostenible y jurídicamente seguro.
Ahí estará la verdadera prueba de la promesa de convertir los Llanos en el “Mato Grosso colombiano”.
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