El líder social y defensor de derechos humanos Ernesto Alexander Roa Montañez fue víctima de un atentado armado la noche de este martes en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca. Según versiones preliminares, el ataque se registró en la puerta de su residencia, cuando fue interceptado por hombres armados que se movilizaban en motocicleta.
Roa, reconocido dirigente del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, recibió al menos dos impactos de bala, uno en la pierna izquierda —que le causó fractura de tibia y peroné— y otro en el abdomen, siendo este último el de mayor gravedad. Fue trasladado de urgencia al Hospital del Sarare, donde fue intervenido quirúrgicamente. El más reciente parte médico indica que se encuentra fuera de peligro.
El atentado ha generado una fuerte reacción por parte de organizaciones sociales, líderes comunitarios y autoridades locales. La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra calificó el hecho como parte de un "proceso genocida" en contra de las organizaciones sociales del Piedemonte Llanero y denunció que Ernesto Roa venía siendo objeto de amenazas, estigmatización y perfilamientos por su labor en la defensa de los derechos de las comunidades rurales y campesinas.
Roa es también vocero del Coordinador Nacional Agrario, integrante de ASONALCA y delegado ante varias instancias comunitarias y de derechos humanos en la región. Ha sido una de las voces más activas en los diálogos entre comunidades y el Estado, así como en la denuncia de acciones armadas de actores ilegales y la presencia de intereses transnacionales en el territorio.
La Gobernación de Arauca, en cabeza del gobernador Renson Martínez Prada, emitió un comunicado en el que expresa su enérgico rechazo al atentado y exige una investigación "inmediata y rigurosa" que permita dar con los responsables. "El liderazgo social debe ser protegido y respaldado, nunca perseguido", enfatizó el mandatario departamental.
Los hechos ocurren en un contexto de creciente violencia contra líderes sociales en el oriente del país. Desde enero de 2022, diversas organizaciones han advertido un recrudecimiento del conflicto armado en la región, con múltiples asesinatos, atentados, desplazamientos y amenazas en contra de dirigentes comunitarios, lo que ha sido calificado por sectores sociales como parte de una estrategia sistemática de represión.
A esta hora, unidades del CTI y la Policía Nacional se encuentran en la zona recopilando evidencias. Aunque no se ha atribuido oficialmente la autoría del atentado, líderes locales señalan a estructuras armadas ilegales, que —según denuncias reiteradas— operan con permisividad y presunta connivencia en algunos sectores del poder.
Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han sido convocadas a hacer seguimiento al caso y a visibilizar la situación humanitaria en el departamento de Arauca, donde el riesgo para los defensores de derechos humanos sigue siendo alarmantemente alto.