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- Última actualización 2024-04-27 10:28:42
Casanare
En septiembre audiencia de reconocimiento de Verdad en Yopal, Casanare
En una decisiva audiencia pública, 21 miembros del Ejército Nacional, un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y dos civiles han aceptado su responsabilidad por participar en la ejecución de 303 crímenes conocidos como ‘falsos positivos’. Los hechos ocurrieron entre 2005 y 2008 en los departamentos de Casanare, Boyacá, Meta y Arauca, siendo presentados por la Brigada XVI del Ejército como bajas en combate.
La audiencia, citada por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se llevará a cabo el 18 y 19 de septiembre en Yopal, Casanare. Entre los convocados a la audiencia, en calidad de autores mediatos, se encuentran figuras destacadas como el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo.
Los ‘falsos positivos’ se refieren a los homicidios de civiles inocentes llevados a cabo por miembros del Ejército, quienes posteriormente presentaron a las víctimas como miembros de grupos armados dados de baja en combate. Este caso ha llevado a los expresidentes Uribe y Santos a declarar ante la JEP.
Además de los mencionados, 21 miembros del Ejército y del DAS han sido citados a la diligencia judicial. La Sala de Reconocimiento de la JEP les atribuyó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada. También se les imputan crímenes de guerra por la utilización de niños, niñas y adolescentes en hostilidades, así como el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.
Esta confesión se suma a una realizada anteriormente por exmilitares en Dabeiba, por la desaparición de 49 personas. Un sargento involucrado en estos casos ha admitido que se trataba de crímenes sistemáticos.
La JEP destacó que "los efectos restauradores de este reconocimiento público pueden significar una oportunidad que tienen los responsables de atender las demandas de responsabilidad y de verdad de las víctimas". Sin embargo, cabe destacar que dos oficiales no aceptaron responsabilidad y serán investigados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) del tribunal de paz.
Este reconocimiento público puede ser un paso importante hacia la justicia y la reconciliación en una nación que sigue lidiando con las secuelas de un conflicto armado prolongado. La atención ahora se centra en la audiencia programada, que promete ser un momento crucial en la búsqueda de responsabilidad y reparación para las víctimas y sus familias.
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